El panorama de la innovación en nuestro país ha cambiado de manera sustancial en la última década. Y como reflejo de estos cambios, se ha modificado la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 14/2011. La nueva Ley 17/2022 entró en vigor el pasado 7 de septiembre e introduce algunas reformas que se han considerado oportunas tras once años de aplicación de la ley 14/2011. El objetivo de estos cambios es fortalecer las capacidades del sistema español de I+D+i, mejorar su eficacia, coordinación y gobernanza, y en definitiva su capacidad para generar y transmitir conocimiento en beneficio del tejido económico y de la sociedad en su conjunto.
Objetivos y eje central de la reforma
La reforma legal aprobada se centra en tres grandes ámbitos. En primer lugar, mejorar las condiciones de trabajo y desarrollo profesional del personal de investigación, y la calidad de sus infraestructuras y equipamientos. En segundo lugar, reforzar de manera eficiente la transferencia de conocimiento, desarrollando vínculos entre el sector público y privado para incrementar el compromiso del tejido empresarial con la I+D+i y hacerlo más competitivo. Asimismo, la ley amplia el ámbito de participación de entidades investigadoras públicas (universidades públicas, OPIs, organismos de investigación de otras Administraciones Públicas) en sociedades mercantiles, autorizando a su personal investigador a prestar servicios en dichas sociedades, mediante un contrato laboral a tiempo parcial en sociedades mercantiles (o en otras entidades con personalidad jurídica) creadas o participadas por esas entidades de investigación públicas. Se regula también la Compra Pública de Innovación por parte de las Administraciones Públicas, tanto la “compra pública de tecnología innovadora” como la “compra pública precomercial” como mecanismo para estimular la innovación empresarial y la capacitación tecnológica de las empresas.
En materia de gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, la nueva ley fija, en su disposición adicional sexta, el objetivo de alcanzar en el año 2030 una financiación pública de la I+D equivalente al 1,25% del PIB, de conformidad con la Recomendación del Consejo Europeo sobre un Pacto de Investigación e Innovación en Europa. En este ámbito de la gobernanza también se busca una mayor coordinación en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas de I+D+i entre las administraciones estatales y autonómicas con el fin de evitar duplicidades y mejorar su eficiencia. Lo importante no es seguir avanzando, sino saber hacia dónde ir.
La reforma también deroga disposiciones relativas a contratos temporales y regula un marco más estable para la carrera investigadora. Se destacan cinco realidades que exigen medidas transformadoras: desarrollo autonómico, creciente dimensión europea, salto en recursos públicos, consolidación de una comunidad científica profesionalizada y transición hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación. Estas líneas marcan el rumbo hacia una ciencia más interdisciplinaria, conectada con el tejido productivo y capaz de responder a grandes retos sociales y económicos.
Medidas para la carrera profesional y la retención de talento
Vistos los objetivos indicados, esta ley se propone abordar, en primer lugar, la modificación de los artículos de la Ley 14/2011, relativos a la carrera y desarrollo profesional del personal investigador. A raíz de la recesión económica de la década pasada, se produjo una reducción muy acusada de la capacidad para retener y atraer el talento investigador en España. Se estima que en el periodo 2011-2016 se perdieron más de 5.000 puestos de investigadores/as, y un elevado número de personas se vieron obligadas a establecer su carrera fuera de España. De forma generalizada, la perspectiva de acceso de los profesionales al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación ha venido categorizada por la temporalidad, dado que la contratación laboral se realizaba en gran medida a través de contratos de obra o servicio.
La reforma propone dos medidas fundamentales: en primer lugar, el diseño de un itinerario postdoctoral que conduzca a la incorporación estable de investigadores e investigadoras al sistema y su desarrollo profesional posterior, y en segundo lugar, la introducción de una nueva modalidad contractual laboral indefinida vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas.
El itinerario postdoctoral se inspira en el modelo anglosajón denominado «tenure track» para reducir la edad de incorporación y la endogamia, mejorar la predictibilidad y la estabilidad de las condiciones de entrada y de los tiempos empleados. El Programa Ramón y Cajal es citado como ejemplo de estas experiencias. Se prevé una evaluación intermedia y final, y la posibilidad de optar a una plaza estable tras completar el itinerario. El contrato de acceso de personal investigador doctor tendrá duración determinada y dedicación a tiempo completo, y podrá prorrogarse hasta un máximo de seis años (o ocho años para personas con discapacidad, con las debidas excepciones).
La ley establece, además, que el personal contratado podrá realizar actividad docente hasta un máximo de cien horas anuales, y fija una retribución mínima análoga a la de puestos semejantes. También se regula que exista una evaluación externa por la Agencia Estatal de Investigación y se otorga la posibilidad de incluir en convocatorias evaluaciones de actividad investigadora desarrollada por personas con experiencia postdoctoral superior a tres años, incluso si no se han contratado bajo el contrato de acceso.
Se crea, asimismo, una nueva figura de contrato indefinido denominado contrato de actividades científico-técnicas para la contratación de personal investigador, técnico y de gestión, con duración indefinida y vinculación posible a financiación externa o ayudas públicas. Este contrato no formará parte de la Oferta de Empleo Público y podrá incluir indemnización al finalizar la relación laboral. El objeto incluye la gestión científico-técnica de líneas de investigación o servicios científico-técnicos desarrollados por grupos de investigación.
Transferencia de conocimiento y participación del sector privado
La reforma busca reforzar la transferencia de conocimiento, destacando que el tejido productivo está formado mayoritariamente por pymes y empresas de menor intensidad tecnológica. Se propone reconocer el sexenio de transferencia y facilitar la transferencia directa desde el sector público a la empresa y la sociedad. Se introducen mecanismos como la compra pública de innovación y la posibilidad de coinvertir entre Administraciones y sociedades mercantiles para estimular la innovación y la capacidad tecnológica del tejido empresarial. También se avanza en el reconocimiento de derechos laborales y en la incorporación de mecanismos de coordinación entre administraciones para evitar duplicidades en políticas de I+D+I.
La norma prevé la creación de la Agencia Espacial Española, con un componente de Seguridad Nacional, para dirigir el esfuerzo espacial, coordinar organismos y unificar la colaboración internacional. La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 y la ESN 2021 son referencias que orientan la cohesión de las competencias y la política espacial, con miras a una Estrategia Espacial Española que contribuya al desarrollo sostenido y a la modernización de servicios públicos.
Igualdad de género y visión internacional
La igualdad de género es otro eje transversal de la reforma. Se garantiza seguridad jurídica a la igualdad de género en el Sistema de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, con planes de igualdad anuales y protocolos frente al acoso por razón de género u orientación sexual. Se propone un distintivo de igualdad de género en I+D+I para centros que acrediten criterios de excelencia y se fomenta la reducción de sesgos de género en proyectos y procesos de selección y evaluación. En el ámbito internacional, se impulsa la internacionalización del sistema y la cooperación científica y tecnológica con países prioritarios, promoviendo centros de investigación en el extranjero y fortaleciendo capacidades humanas e institucionales.
La reforma también busca una coordinación eficiente entre comunidades autónomas y la Administración General del Estado para la ejecución de políticas de I+D+I, con planes complementarios que desarrollen medidas estratégicas y favorezcan la integración de agentes públicos y privados en un marco común de impulso a la innovación. La financiación pública de I+D+I se consolida con metas de crecimiento sostenido, orientadas a lograr que la inversión alcance el 1,25% del PIB en 2030 y el 3% cuando se combine con inversión privada.
