Adopción de acuerdos de la junta sobre fachada, seguridad normativa y reformas en España

La regla general para adoptar acuerdos en Comunidad de Vecinos que supongan la aprobación o modificación de reglas contenidas en el título constitutivo o en los estatutos de la comunidad es la unanimidad, según el artículo 17.1 de la Ley de Propiedad Horizontal. El título constitutivo es la escritura por la que se formaliza la propiedad horizontal.

Interesa aclarar que el Título Constitutivo se puede modificar por el dueño único antes proceder a la venta de pisos y locales, o bien por acuerdo de la Junta de Propietarios, o incluso mediante laudo o por resolución judicial. En el título constitutivo vienen definidas cuestiones como las respectivas cuotas de participación según la vivienda que ha adquirido cada vecino.

Unidades de actuación y excepciones a la unanimidad

La respuesta es que no. No todos los acuerdos en Comunidad de Vecinos requieren de unanimidad para que prosperen. la instalación de una base repetidora de telefonía móvil en la cubierta-azotea de un edificio, a través de un contrato de arrendamiento entre la empresa de telefonía y la comunidad. Y es que por tratarse de un acto de mera administración, y no de disposición, por un tiempo concreto, que no altera la naturaleza de la cubierta como elemento común, no es necesaria la unanimidad (Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2007).

Actividad Turística: Especial mención se merece el caso por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.

Historial normativo y evolución de las mayorías

La reforma introducida mediante la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, ha conllevado una modificación del sistema de mayorías requeridas para la adopción de determinados acuerdos en juntas de propietarios, sujetándose en la actualidad al régimen establecido en el art. 17 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (LPH). Este precepto ha sufrido modificaciones por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas así como por el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (si bien este Decreto no ha sido convalidado por el Parlamento español; ha estado vigente del 19 de diciembre de 2018 al 22 de enero de 2019), por el Real Decreto-ley, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, por Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modificaciones relevantes y casos jurisprudenciales

El Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía en vigor el 29 de diciembre de 2023, ha modificado el apartado 3 del artículo Diez, el apartado 2 y el apartado 4 del artículo Diecisiete que luego se transcriben y el primer párrafo del apartado 1 ha sido modificado por el Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico -en vigencia el 25 de junio de 2025-. El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio modifica el número 1, del art.17 LPH eliminando en materia de infraestructuras la expresión «incluyendo la aerotermia y geotermia, el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio vuelve a modificar el número 1 de dicho artículo.

El art. 17.1, LPH establece, en el número 6 como regla general la exigencia de unanimidad para la adopción de aquellos acuerdos que impliquen la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo o en los estatutos de la comunidad, pero con importantes excepciones en los números anteriores del mismo artículo (que luego se mencionan).

Casos típicos de modificación del título constitutivo

Algunos supuestos típicos de modificación del título constitutivo lo configuran, entre otros, la modificación de las cuotas de participación, la desvinculación de anejos o la desafectación de elementos comunes, la división, segregación o agregación de pisos o locales, etc. Para un estudio en detalle de cada uno de los supuestos mencionados, pudiendo existir normas especiales en los estatutos de la comunidad, puede verse: Modificación total o parcial de la propiedad horizontal. Cambio de uso y otros supuestos Desvinculación de un anejo Desafectación de elementos comunes Segregación, Subdivisión, Agrupación y Agregación de entidades Subdivisión de local.

Doctrina jurisprudencial y límites prácticos

La STS de 9 de octubre de 2008 resuelve un supuesto en el que se plantea si un acuerdo de instalación de una piscina, adoptado con el voto favorable de las tres quintas partes, supone un servicio de interés general o, por el contrario, una alteración de elementos comunes que representa una modificación del título constitutivo. Concluye la Sala que la piscina, siendo excepcional y de reciente construcción, requiere el consentimiento unánime de todos los propietarios al implicar una alteración del Título constitutivo.

La STS de 5 de junio de 2023 resuelve un supuesto en el que se plantea si las obras ejecutadas por el local comercial (instalación de chimeneas que discurren por la fachada del patio interior del edificio hasta la azotea, ejecutadas para acondicionarse a las ordenanzas municipales) requerían de unanimidad al afectar a la configuración exterior del edificio. La Sala recuerda la doctrina sobre la necesidad de flexibilizar las exigencias normativas de la LPH en materia de mayorías para locales comerciales, concluyendo que las obras en un local que producen una alteración en la configuración exterior no deben sujetarse siempre a la unanimidad; deben ponderarse circunstancias de cada caso.

Respecto a la supresión de barreras arquitectónicas en una vivienda, el artículo 17.2 LPH establece que, sin perjuicio de lo establecido en el 10-1 b), la realización de obras para la supresión de barreras o la instalación de ascensores requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios que representen la mayoría de las cuotas de participación. Adicionalmente, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe repercutido anualmente exceda doce mensualidades, tal como señala la jurisprudencia en este ámbito.

Aplicación práctica en fachada y seguridad

La jurisprudencia en materia de fachada permite cambios de materiales y de estética como parte de obras de reparación o mantenimiento necesarias para la seguridad y conservación, con actos adoptados por mayoría cuando no implican modificación sustancial de la configuración. En diversos fallos se ha sostenido que la reforma de fachadas para garantizar la seguridad, evitar desprendimientos o resolver problemas de habitabilidad puede ser considerada necesaria y estar exenta de unanimidad en ciertos supuestos, siempre que no afecte de forma sustancial a la configuración del edificio.

En síntesis, la instalación o renovación de elementos que inciden en la fachada, la seguridad y la habitabilidad puede requerir mayorías distintas según si se trata de reparaciones necesarias o de innovaciones que modifiquen la estructura o la configuración exterior. La regla general de unanimidad se aplica cuando la modificación del título constitutivo o de los estatutos está en juego, pero existen caminos para avanzar por mayorías distintas en casos de mantenimiento, seguridad y eficiencia energética, conforme a la interpretación de la jurisprudencia y a las modificaciones legales vigentes.

Elementos clave para la gestión de acuerdos en la junta

La Junta, compuesta de todos los titulares, tiene los cometidos propios de un órgano rector colectivo, ha de reunirse preceptivamente una vez al año, y para la adopción de acuerdos válidos se requiere, por regla general, el voto favorable tanto de la mayoría numérica o personal cuanto de la económica, salvo cuando la trascendencia de la materia requiera la unanimidad, o bien cuando, por el contrario por la relativa importancia de aquélla, y para que la simple pasividad de los propietarios no entorpezca el funcionamiento de la institución, sea suficiente la simple mayoría de los asistentes.

La instalación de infraestructuras necesarias para aprovechar las energías renovables, o para servicios de telecomunicación, puede ser acordada por un tercio de los propietarios, y la comunidad no podrá repercutir el coste de la instalación o de su mantenimiento a aquellos propietarios que no hubiesen votado expresamente a favor del acuerdo, salvo que posteriormente soliciten acceso y deban abonar el importe correspondiente.

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Resumen práctico para la toma de decisiones

En general, para obras o servicios que no supongan modificación de la estructura básica del edificio o del título constitutivo, la mayoría puede ser suficiente, siempre que se respete la normativa de accesibilidad y seguridad. En cambios que afecten a la configuración exterior o al título constitutivo, suele requerirse unanimidad. Cuando se trate de mejoras de eficiencia energética o sustitución de elementos sin alterar la configuración, pueden aplicarse mayorías que varían entre simple, cualificada y tres quintos, según el caso y la tipología de acuerdo.

La aprobación de presupuestos, cuentas y reparaciones, así como la distribución de gastos, debe seguir las reglas de mayoría previstas en la normativa aplicable, conciliando la necesidad de operar con eficiencia y la protección de los derechos de todos los copropietarios. En cualquier procedimiento, la junta debe actuar con transparencia, custodiar las actas y garantizar que las votaciones y acuerdos queden debidamente registrados.

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